En los Países Bajos, el SGP, el partido político más antiguo del país, presta una atención inusual a la movilidad. El partido propone transformar el Fondo de Movilidad en un Fondo de Accesibilidad, donde se tengan en cuenta los aspectos sociales además de los económicos. Destacan los costes sociales anuales de los atascos y los accidentes de tráfico, cuatro y veintisiete mil millones de euros respectivamente, y abogan por más inversiones en seguridad vial.

En Valonia, el Parlamento ha dado luz verde a la introducción de plataformas digitales como Uber, Bolt y Heetch. Aunque el ministro valón de Movilidad, Philippe Henry, acogió con satisfacción este avance, existen preocupaciones sobre el impacto en las empresas tradicionales de taxis y en el transporte social. Henry destacó que la reforma ofrecería a los consumidores más opciones y flexibilidad y que se tomarán medidas para proteger el sector.

Al mismo tiempo, se intensifica el conflicto internacional en torno al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. La aerolínea estadounidense JetBlue acusa al gobierno holandés de violar el acuerdo de Cielos Abiertos entre Estados Unidos y la UE. JetBlue afirma que se han establecido barreras comerciales injustas que imposibilitan a la empresa operar en Schiphol.

En los Países Bajos se está endureciendo la legislación relativa a las furgonetas eléctricas. A partir del 1 de octubre, el permiso de conducción B ya no será suficiente para conducir determinadas furgonetas eléctricas pesadas. Esto podría tener implicaciones importantes para la transición sostenible y para los empresarios que quieran utilizar vehículos eléctricos más pesados.

Por último, el sector turístico sufrió un duro golpe con la quiebra del touroperador Vacansoleil de Eindhoven. Con casi 600 campings y medio millón de turistas al año, la empresa era un actor importante en el mercado de vacaciones en camping. Sin duda, la quiebra afectará tanto a los planes vacacionales de las familias como a las economías locales que se beneficiaron de estos campings.