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Quirón

El transporte público de Bruselas vuelve a ser rehén de una huelga.

Las acciones previstas por los sindicatos, que se pronunciarán el jueves 5 de octubre contra la prohibición de manifestaciones impuesta por el Ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, están a punto de provocar importantes perturbaciones en el transporte público en Bruselas. Si bien los sindicatos STIB, De Lijn y TEC han anunciado que su personal participará en una jornada de huelga nacional, una vez más los viajeros serán los más afectados. Estas acciones, aunque no están dirigidas explícitamente a las propias empresas de transporte, se producen tras varias acciones de protesta que tuvieron lugar a principios de este año.

La huelga es una respuesta a un proyecto de ley del Ministro de Justicia, Van Quickenborne, que daría a los jueces el poder de prohibir temporalmente a las personas participar en manifestaciones. Aunque el proyecto de ley ha recibido el apoyo del comité de la Cámara, ha habido críticas de varios sectores de que podría convertirse en una herramienta para restringir incluso las protestas pacíficas.

acción industrial

A pesar de la gravedad del asunto objeto de protesta, la frustración entre los viajeros va en aumento. TreinTramBus, asociación que representa los intereses de los viajeros, ha finalizado la huelga que afecta a sus miembros. El presidente Peter Meukens ha expresado su descontento por las crecientes molestias para los viajeros, que ya han tenido que afrontar situaciones similares cuatro veces este año. Según Meukens, las acciones anteriores se centraron en las libertades sindicales, el dumping social, mejores servicios públicos y justicia fiscal. Si bien todas estas son cuestiones importantes, se pregunta por qué esto debería hacerse a expensas de la movilidad diaria de la población.

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Ya es hora de que todas las partes involucradas consideren seriamente cómo se puede servir el interés general de la sociedad sin perturbar el flujo normal del transporte público. Se plantea la cuestión de si los sindicatos y el gobierno pueden trabajar juntos en formas alternativas de acción que no afecten la vida cotidiana de decenas de miles de viajeros, que tan a menudo son víctimas de estas acciones.

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