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El juez puede entonces imponerle una multa de 160 a 2.000 euros y revocarle el permiso de conducir durante un período de ocho días a cinco años.

Ignorar los pasos a nivel cerrados sigue siendo un problema grave en los Países Bajos y Bélgica, a pesar de muchas campañas de sensibilización y de los claros peligros asociados. Recientemente se han informado de varios incidentes en los que la gente ignoró las barreras cerradas, a veces con graves consecuencias.

La frecuencia de tales violaciones es alarmante. Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos de los operadores ferroviarios como Infrabel por concienciar al público sobre los riesgos, mucha gente sigue ignorando las normas. Los incidentes de ciclistas y peatones que cruzan pasos a nivel cerrados también se comparten a menudo en las redes sociales, lo que destaca la necesidad de una educación continua y una aplicación más estricta de la ley.

Las consecuencias de ignorar los cruces ferroviarios cerrados pueden ser graves tanto a nivel personal como legal. Además del riesgo de lesiones o muerte, tales violaciones también conllevan importantes consecuencias legales. Recientemente se han incrementado las multas por cruzar una vía ferroviaria obstruida. Las infracciones que antes se castigaban con un cobro inmediato de 58 euros ahora se multan con 116 euros. Si no se paga la multa, ésta puede ascender a 160 euros, y un impago posterior puede dar lugar a una citación. El juez puede entonces imponerle una multa de 160 a 2.000 euros y revocar el permiso de conducir por un período de ocho días a cinco años.

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Cruce ferroviario de Rhenen
Foto: © Pitane Blue - Paso a nivel de Rhenen

Lo interesante es el poder de las BOA de ProRail para imponer multas, un poder que algunos ciudadanos pueden disputar pero que es esencial para mantener la seguridad en los pasos a nivel.

También en los Países Bajos ignorar las luces rojas de advertencia en los cruces ferroviarios es un problema constante que no sólo crea situaciones peligrosas para los propios usuarios de la vía, sino también para los conductores y el tráfico ferroviario. En un esfuerzo conjunto para abordar este comportamiento imprudente, ProRail y el Ministerio Público han unido fuerzas e instalado cámaras en los cruces ferroviarios en varios lugares. Estas cámaras no son sólo un medio de observación, sino una parte crucial de un sistema avanzado destinado a mantener la seguridad vial.

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Las cámaras tienen un doble propósito: por un lado, graban a los automovilistas, motociclistas, ciclistas y ciclomotores que intentan cruzar mientras las luces rojas están parpadeando y, por otro lado, actúan como disuasivo contra comportamientos tan peligrosos. Las multas por infracciones no son fáciles: 230 euros para automovilistas y motociclistas, 90 euros para ciclistas y 160 euros para ciclomotores, lo que subraya la gravedad de la infracción.

Esta medida surge de la necesidad de aumentar la seguridad en los cruces ferroviarios y sus alrededores. Los trenes, que suelen viajar a velocidades de hasta 140 kilómetros por hora, tienen largas distancias de frenado y no pueden detenerse repentinamente. Una parada de emergencia inesperada no sólo puede provocar miedo entre los conductores, sino también provocar importantes retrasos en el tráfico ferroviario. El sistema de cámara avanzado analiza y almacena imágenes de posibles infracciones, que luego son evaluadas por los oficiales de investigación especiales (BOA) de ProRail. Cuando una matrícula es reconocible, se envía una multa al conductor. Sin embargo, identificar a los peatones y ciclistas que infringen las normas resulta más complicado y también requiere supervisión in situ.

Lo interesante es el poder de las BOA de ProRail para imponer multas, un poder que algunos ciudadanos pueden disputar pero que es esencial para mantener la seguridad en los pasos a nivel. En los primeros cuatro meses de este año, este enfoque ya generó 299 denuncias por ignorar los semáforos en rojo en los cruces ferroviarios. Estas estadísticas enfatizan la necesidad de tales medidas y los esfuerzos continuos de ProRail y el Ministerio Público para garantizar la seguridad de la red ferroviaria holandesa.

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